Los consumidores españoles no pueden disfrutar de la protección que les corresponde.
La Comisión Europea ha anunciado que llevará a España y a otros tres Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado correctamente en su ordenamiento jurídico las normas europeas sobre créditos hipotecarios diseñadas para mejorar la protección de los consumidores.
La Directiva sobre créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE) debería haber entrado en nuestro ordenamiento jurídico el 21 de marzo de 2016. En mayo de 2016, la Comisión Europea instó formalmente a Croacia, Chipre, Portugal y España a incorporar la Directiva. Desde entonces, los Estados miembros afectados no han cumplido el dictamen motivado de la Comisión.
Los países de la Unión Europea (UE) deberían haber trasladado ya esta directiva a sus legislaciones nacionales, algo que España no ha hecho todavía pese al ultimátum que Bruselas ya le envió en mayo y noviembre de 2016 en forma de dictamen motivado.
Bruselas ha advertido de que la no aplicación de la directiva en cuestión significa que los consumidores de estos países «no pueden disfrutar de la protección que les corresponde cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos», y además aspira a crear un mercado de crédito hipotecario en la UE con un nivel elevado de protección de los consumidores.
La norma introduce prácticas responsables de préstamo para proteger mejor a los consumidores. La no aplicación de la Directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos. Por otra parte, los intermediarios de crédito no pueden disfrutar de un pasaporte para sus actividades comerciales, lo que priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos.
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